Las llamadas “devoluciones en caliente” están prohibidas expresamente en convenios internacionales firmados por España en materia de asilo, que protegen el derecho de los inmigrantes y refugiados.
Sin embargo, el Ejecutivo del derechista Partido Popular (PP) quiere aprobar mañana una enmienda en la ya controvertida Ley de Seguridad Ciudadana -conocida como “Ley mordaza”-, para dar cobertura al rechazo sistemático de los inmigrantes “sin papeles”.
El Ministerio del Interior, Jorge Fernández Díaz, justificó hoy la decisión argumentando que es “obligación y derecho” de España “defender su frontera exterior e interior”.
En una sesión de control al gobierno, el funcionario remarcó que los tratados de la Unión Europea (UE) “incluyen políticas de control de fronteras, asilo e inmigración” y establecen que “se entenderán sin perjuicio del ejercicio de la responsabilidad de los Estados en cuanto al mantenimiento del orden público y la salvaguardia de la seguridad interior”.
Asimismo, en respuesta al diputado de Izquierda Unida Ricardo Sixto, que acusó al gobierno español de incumplir abiertamente las leyes internacionales en materia de asilo, el ministro de Rajoy señaló que de los más de 4.000 inmigrantes que entraron en Melilla el año pasado, “sólo 75 solicitaron asilo político”.
“Los que quieren entrar de manera violenta en Ceuta y Melilla son en su mayoría inmigrantes por motivos económicos y sociales, y no piden protección internacional”, indicó el dirigente conservador.
Sin embargo, estos datos contrastan con un informe publicado hoy por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) que señala que el 60% de los inmigrantes que entran en Ceuta y Melilla son refugiados políticos, la mayoría de ellos sirios.
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