Publicaron el video con la declaración de la infanta Cristina

La prensa española publicó hoy un video de la hija menor del rey Juan Carlos, declarando como imputada por corrupción, un hecho inédito para un integrante de la monarquía, pese a que el juez del caso había prohibido expresamente que fuera grabada.

La grabación fue filtrada a través de la página Wouzee, un sitio de Internet para compartir vídeos.

El domingo, el diario El Mundo publicó una foto exclusiva de la declaración de la infanta, que parece recogida del mismo material audiovisual, ya que tiene el mismo encuadre.

En una resolución previa a la declaración, el juez José Castro  había prohibido expresamente el acceso a la sala de cualquier dispositivo que permitiera tomar imágenes.

Por ese motivo, todos los asistentes tuvieron que dejar bajo custodia sus teléfonos, computadoras y aparatos electrónicos.

El magistrado ya ordenó investigar la foto publicada por el periódico madrileño y dijo que la filtración del video es un hecho “incalificable”.

Al llegar hoy a los juzgados de Palma de Mallorca, Castro aseguró que tiene “sospechas” de quién fue la persona que hizo la grabación, mientras el juez decano del tribunal, Francisco Martínez Espinosa, confirmó la apertura de una investigación y garantizó que el responsable tendrá que “pagar las consecuencias legales”.

En el vídeo, grabado con una cámara muy pequeña, se puede ver a la infanta Cristina de espaldas respondiendo a las preguntas del juez, con el sonido de fondo de las protestas antimonárquicas que se llevaron a cabo en las inmediaciones del juzgado.

El magistrado pregunta a la infanta Cristina sobre las actividades del Instituto Nóos, la fundación supuestamente sin fines de lucro creada por su esposo, el Duque de Palma Iñaki Urdangaín, y que éste utilizó para apropiarse fondos públicos de los gobierno balear y valenciano, a manos del derechista Partido Popular (PP).

El juez le muestra documentos y correos electrónicos a la hija del rey que la relacionan con el Instituto Nóos, en tanto que la infanta responde en numerosas ocasiones con la frase “no recuerdo”.

Castro obtuvo esa respuesta cuando le preguntó a la hija del rey si recordaba cuál era el objetivo social de Aizoon, la sociedad que compartía al 50% con su marido, y a la que éste desvió cerca de un millón de euros de fondos públicos.

La hija menor del rey Juan Carlos protagonizó el sábado pasado un hecho histórico al ser la primera integrante del núcleo de la familia real española en comparecer ante la Justicia implicada en un caso de corrupción en 38 años de reinado en democracia.

“Confiaba mucho en su marido”, argumentó la infanta ante el juez, quien monopolizó cinco de las seis horas y media de exhaustivo interrogatorio, centrado en los negocios del duque de Palma.

Cristina de Borbón está imputada por blanqueo de capitales y evasión fiscal por su condición de copropietaria de Aizoon, sociedad de la pareja que Urdangarín utilizó como “pantalla” para desviar fondos del Instituto Nóos.

La hija del rey se desvinculó totalmente del funcionamiento de Aizoon y también de Nóos, fundación de cuyo órgano directivo formaba parte, y atribuyó la gestión de ambas entidades a su marido.

El caso de corrupción Nóos se convirtió en una verdadera amenaza para la monarquía, por lo que la imagen se pretendía evitar y que buscaba la prensa era la de la infanta sentada ante el juez.

Sin embargo, la presión mediática y el interés público pudo más que las prohibiciones legales y la imagen salió a la luz.

Tras la declaración de la infanta, el juez debe decidir si mantiene su imputación de cara a la apertura de juicio oral, algo que no se resolverá de inmediato.

Por su parte el Fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, ya está preparando su escrito de acusación en el que -como ya se adelantó hace meses-, pedirá una pena de 17 años de prisión para Urdangarín y 15 años para su exsocio en el Instituto Nóos, Diego Torres, por delitos de malversación, falsedad y delitos fiscales.

El Fiscal se opone a la acusación de la hija del monarca, a la que igualmente reclamará 600.000 euros de responsabilidad civil, ya que se habría beneficiado de los más de 1,5 millones de euros que Urdangarín ingresó a Aizoon.

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