Iñaqui Urdangarín, duque de Palma, es acusado por delitos fiscales, malversación, fraude a la Administración y prevaricato. La acusación puede modificarse durante el juicio.
El duque de Palma, Iñaqui Urdangarín, se enfrentará a un pedido de pena de 17 años de prisión por el caso de corrupción en el que está siendo investigado, según el escrito de acusación de la Fiscalía adelantado hoy por la prensa española.
La Fiscalía Anticorrupción acusará al yerno del rey Juan Carlos de tres delitos fiscales (seis años), malversación (máximo 8 años) fraude a la Administración (tres años) y prevaricato (no conlleva prisión), lo que supone una suma total de 17 años de prisión.
Urdangarín ofreció reconocer los delitos a cambio de una pena que le impida ir a prisión, algo que la fiscalía rechazó
Por el momento, el Ministerio público rechaza los delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal, indicó la emisora Cadena Ser.
Contrariamente, el juez que instruye el caso, José Castro, anunció recientemente que la infanta Cristina, segunda hija del rey Juan Carlos, será investigada por esos mismos delitos, después de que se levantara su imputación por cargos similares a los que afronta su marido Urdangarín.
En cuanto a Urdangarín, sólo si colabora confesando los delitos y devolviendo gran parte de los más de seis millones de euros que supuestamente se apropió indebidamente a través de la Fundación Nóos, el fiscal jefe Pedro Horrach estaría dispuesto a rebajar su solicitud a cuatro años.
El escrito de acusación, que puede modificarse durante el juicio, no será definitivo hasta que se concluya el sumario, algo que no ocurrirá previsiblemente hasta septiembre.
El abogado de Urdangarín ya había ofrecido al Ministerio Público un trato por medio del cual el Duque de Palma reconocería los delitos pero a cambio de una pena no superior a dos años, lo que evitaría su ingreso a prisión.
Sin embargo, la Fiscalía rechazó un acuerdo al considerar que los delitos investigados son muy graves.
Desde finales de 2011, el juez Castro investiga a Urdangarin y su ex socio Diego Torres, ambos imputados, por el uso de la Fundación Nóos, una entidad supuestamente sin fines de lucro, para apropiarse indebidamente de millones de euros de fondos públicos de los gobiernos balear y valenciano.
Posteriormente, el magistrado acusó al yerno del rey y su ex socio por evasión fiscal.
Pero el caso dio un vuelco cuando el pasado 3 de abril el juez imputó a la esposa de Urdangarin al encontrar hasta 14 indicios de su presunta complicidad o colaboración necesaria con las actividades delictivas de su marido.
Así, la hija menor del rey, de 46 años, se convirtió en el primer miembro de la familia real española que tendría que rendir cuentas ante la justicia, un hecho inédito en la historia democrática del país.
Sin embargo, la Fiscalía anticorrupción, que estaba en contra del criterio del juez, logró frenar la declaración de la infanta con un recurso de apelación, que se resolvió a su favor, lo que supuso el levantamiento de su imputación.
La imputación de Urdangarín y la posterior implicación de la infanta sacudió a la monarquía española en un momento en el que España atraviesa una feroz crisis económica y política, agudizada por el desprestigio de sus dirigentes, que aplican políticas antipopulares de ajuste y están salpicados por casos de corrupción.
La Fiscalía Anticorrupción pedirá diecisiete años de prisión para Iñaqui Urdangarín
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