El gobierno de Colombia y las FARC retomaron el diálogo que iniciaron hace ocho meses en La Habana en busca de un acuerdo de paz que ponga fin al antiguo conflicto armado.
Las conversaciones se reanudaron tras un receso de 19 días en los que las FARC intensificaron sus ataques -en tres enfrentamientos en la última semana dejaron 22 militares muertos, seis heridos y 14 desaparecidos- y el presidente Juan Manuel Santos ordenó a las fuerzas armadas que “no dejen de disparar un solo instante”.
“Este no es un proceso para que las FARC hagan política sino para pactar el fin del conflicto”, advirtió el jefe de los negociadores gubernamentales, el exvicepresidente Humberto de la Calle, al comenzar la duodécima ronda de la negociación.
“Recordamos con admiración y respeto a nuestros militares y policías por su sacrificio en beneficio de Colombia; a los familiares, nuestra voz de aliento y solidaridad; la guerrilla deberá responder por todo lo ocurrido en medio del conflicto”, dijo De la Calle, según reportaron las agencias de noticias ANSA, DPA y EFE.
Tras reconocer que “muchos colombianos no entienden” que se esté dialogando “cuando continúan los ataques por parte de los grupos en armas”, el delegado de Santos ratificó que no se pactará un cese al fuego hasta que no se alcance un acuerdo definitivo de paz.
“El gobierno y la fuerza pública continúan cumpliendo con su deber y su responsabilidad constitucional en todo el territorio nacional en defensa de los colombianos, de nuestra democracia y del patrimonio de la nación”, aseguró De la Calle.
“El gobierno y la fuerza pública continúan cumpliendo con su deber y su responsabilidad constitucional”
Humberto de la Calle
Recortó que las conversaciones iniciadas el 19 de noviembre pasado en la capital cubana tienen como objetivo pactar el fin del conflicto y no son un proceso “para que las FARC hagan política”.
“Si pactamos un acuerdo final, podrán hacer política, sin armas, en democracia, una vez que se hayan desmovilizado”, indicó.
Las partes están conversando actualmente sobre el segundo de los cinco puntos de la agenda fijada, relativo a la eventual inserción de los guerrilleros en la vida política de Colombia en caso de acordar la paz.
En ese sentido, advirtió De la Calle, también corresponde a las FARC y no sólo al Estado brindar “garantías”.
“Las conversaciones deben generar obligaciones para ambas partes, no se trata sólo de que el Estado otorgue garantías; también corresponde a las FARC brindarlas para que cese la violencia, para que las víctimas estén en el centro de sus preocupaciones, para que todo ciudadano pueda hacer política sin intimidación”, remarcó el exvicepresidente.
De la Calle reiteró el objetivo del equipo gubernamental de “avanzar de forma expedita en la construcción de acuerdos para poner fin al conflicto”.
“Esta y ninguna otra es nuestra misión en la mesa de conversaciones; no vamos a firmar ningún acuerdo que no haga a Colombia más segura”, señaló.
Mientras tanto, las FARC divulgaron una declaración en la que se refirieron al tema de la propiedad de la tierra, el primero de la agenda y sobre el cual ambas partes anunciaron un acuerdo en mayo pasado.
“De nada serviría hablar en La Habana de la limitación de la propiedad de la tierra, del freno a su extranjerización, de su formalización a favor de los pobres y de la soberanía nacional, si el gobierno convierte lo acordado en palabras vacías que se las lleva el viento”, dice la nota que leyó Jesús Carvajalino, alias Andrés París.
El texto no contuvo menciones ni sobre el tema de la participación política de los guerrilleros ni sobre los últimos ataques armados del grupo ni sobre otros episodios recientes, como el secuestro de un marino estadounidense retirado que, según las versiones oficiales, estaba por turismo en Colombia.
En cambio, sí se refirió nuevamente a las protestas de campesinos en la región del Catatumbo, sobre las que criticaron el “tratamiento infame” que, en opinión de las FARC, el gobierno da a las “justas” reclamaciones de los manifestantes.
“Al gobierno no le interesa defender al campesino pobre sino los sacrosantos derechos del capital”, sostuvo la declaración.
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