El ex juez español Baltasar Garzón defendió, en un nuevo aniversario del golpe de Estado en Chile, la “justicia universal” que buscó aplicar en su intento de enjuiciar al dictador Augusto Pinochet para que no haya más impunidad.
Garzón fue quien ordenó que fuese procesado Pinochet durante su estadía en Londres, en octubre de 1988, por crímenes aberrantes bajo su gobierno, iniciado con el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73.
Tras seis días de haber sido enviada la orden del magistrado, las autoridades británicas procedieron al arresto domiciliario de Pinochet, que se mantuvo hasta marzo de 2000, cuando fue autorizado a regresar a Chile.
El ahora asesor del Tribunal Penal Internacional concedió una entrevista a la agencia Télam, en la que explicó aquella decisión.
Usted tuvo contra las cuerdas al dictador Pinochet. ¿Qué faltó para poder juzgarlo en España?
Faltó voluntad política de los tres gobiernos que propiciaron la vuelta a Chile del dictador (Chile, Gran Bretaña y España). La extradición planteada por mí se ganó con la decisión del juez Ronald Bartle, quien ordenó que se extraditara a Pinochet a España para investigarle y juzgarle por los 1.148 casos de desaparición forzada y torturas, planteados.
En un libro de memorias publicado en 2012, Jack Straw (ex ministro del Interior británico) afirma que Pinochet le engañó con las dolencias que decía padecer. Desde luego, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Los informes médicos eran cuestionables; en definitiva fue una burla para las víctimas.
En Chile, durante la detención de Pinochet en Londres, se lo atacó mucho a usted. Inclusive el actual presidente, Sebastián Piñera, dijo que no podía permitirse que “un juez español se arrogue una jurisdicción que no le corresponde” y reclamó por la “independencia” y “dignidad” de Chile. ¿Qué opinión le merece?
Me apena, pero no me sorprende que ciertos líderes confundan lo que es un deseo personal o una convicción autoritaria con lo que es la justicia actuando al amparo de la jurisdicción universal, en un estado de derecho, en beneficio de las víctimas, porque ello demuestra su insensibilidad con las mismas.
En el ámbito de aplicación de este principio, creado por la comunidad de Estados en Naciones Unidas, a través de los tratados y no por los jueces, no se ataca al principio de soberanía ni al de territorialidad de la ley penal de un país determinado. Por el contrario, se parte de ellos y se busca que la impunidad no sea la que triunfe frente a crímenes de gravedad máxima.
El ejemplo más paradigmático lo tenemos en Argentina, donde la lucha contra la impunidad de la dictadura es ejemplo mundial de cómo un Estado hace frente a la barbarie desde el Estado de derecho.
¿Qué le genera que Pinochet se haya muerto en libertad y que los funerales hayan sido con honores militares?
Desde luego, una persona que estaba en busca y captura internacional por crímenes de genocidio, terrorismo de Estado y torturas y procesado en su país por crímenes masivos, tenía pocos méritos para esos honores.
“Cada vez se está vertebrando más Latinoamérica en defensa de los derechos humanos y de la legalidad”
¿Cómo define a Pinochet?
Como a todos aquellos que deciden que el único límite al uso del poder es el que fije su voluntad, lo que les lleva indefectiblemente a la represión y a la dictadura.
También como el instrumento de una forma determinada de dominación autoritaria revestida de la doctrina de la seguridad auspiciada en ese momento por la administración norteamericana, frente al cambio de esperanza y libertad que significaba el presidente Salvador Allende.
En Chile todavía hay personas que defienden la dictadura de Pinochet. ¿Cuál es su mirada al respecto?
No es extraño que ello suceda. Siempre hay nostálgicos de las dictaduras o del fascismo, como también del comunismo más trasnochado. Ocurre en muchos lugares.
¿Cuál es su reflexión a 40 años del golpe de Estado en Chile, con su concepción actual sobre los derechos humanos y la justicia universal?
Pienso que la jurisdicción universal, entre 1996 y 2005, ha contribuido a consolidar los sistemas de derecho en países que han sufrido los ataques masivos desde el poder.
A partir de 2006, se han dictado una serie de normas que han reducido el ámbito de aplicación de la jurisdicción universal. De alguna forma, el poder político, diplomático y económico, frente al más estricto de justicia debida, ha ganado la partida, al menos parcialmente.
¿Qué diferencias ve en los países de Sudamérica en las políticas de Estado con relación al accionar de la justicia en los casos de golpes de Estado o alteraciones del orden democrático y su investigación y enjuiciamiento?
Creo que hoy por hoy el rechazo de los golpes de Estado en Latinoamérica es evidente, aunque todavía hay tentaciones como se ha visto en Honduras o Paraguay. Pero la reacción de la comunidad de países latinoamericanos ha sido contundente.
Por otra parte, cada vez se está vertebrando más Latinoamérica en defensa de los derechos humanos y de la legalidad. De hecho, países como Ecuador o Bolivia disponen de normas constitucionales que son las más avanzadas del mundo en la defensa de derechos de la naturaleza y la madre Tierra; o países como Argentina, desde Néstor Kirchner hasta ahora, con una política de derechos humanos en la que el enjuiciamiento de los represores es la regla.
En otros, los avances son menores, pero progresan, como Uruguay o Brasil; aunque hay otros como El Salvador en los que la impunidad sigue siendo la norma y otros como Guatemala en los que, después de conseguir la condena de (el dictador Efraín) Ríos Mont, se anuló la sentencia.
Pero en todos ellos la fuerza de la sociedad civil y la de las víctimas sigue aumentando para que nunca más pueda existir un 11 de septiembre de 1973, o un 24 de marzo de 1976 u otras tantas fechas que quedaron marcadas para vergüenza de la humanidad.
Garzón, el juez que tuvo contra las cuerdas al dictador Pinochet Anunciate GRATIS en nuestros clasificados
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