Colombia: El desafío de consensuar un plan para el posconflicto

El gobierno de Antioquia lanzó en septiembre de 2012, apenas anunciadas las negociaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC, un plan para el posconflicto, “Preparémonos Para la Paz”, que consta de siete puntos “inescindibles uno del otro” y prevé una labor de décadas, afirma el responsable de la iniciativa, Iván Marulanda.

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“Primero trabajamos en soledad; el resto de los gobernadores decía que la paz era un asunto del presidente (Juan Manuel) Santos, que tampoco quería abordar el posconflicto sin resolver la cuestión de fondo, pero seguimos adelante y ahora tenemos el respaldo unánime”, asegura Marulanda a Télam.

El responsable del plan es economista y político. Fue alcalde, legislador y constituyente. Ahora es asesor del gobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, del Partido Verde.

Para Marulanda, las conversaciones en La Habana “son para suspender la guerra, un paso obligado para la paz, pero a la paz hay que construirla en los territorios donde se ha producido la violencia, en el corazón de los protagonistas de estos hechos”.

Para eso, desde hace más de un año sus miembros trabajan con víctimas del conflicto, desplazados, habitantes de zonas de violencia, desmovilizados de las guerrillas y líderes empresarios, entre otros, en encuentros, talleres y jornadas, con asistencia de psicólogos, sociólogos y trabajadores sociales.

“Esto es un mar de sangre y de lágrimas, una tragedia; 20 por ciento de la población de Medellín es desplazada, es víctima, pero no sólo del área rural de Antioquia: hay población de 658 municipios de Colombia”, señala Marulanda.

Con ese trabajo de campo se definió un plan que se basa en siete líneas de acción. “Con una de ellas que no se haga bien, no hay paz”, advierte.

La primera es “Construcción de memoria, verdad, reconciliación y perdón”, que “tomará generaciones”, dice. “No se trata de construir la memoria oficial; tenemos que ayudar a las comunidades a construir su memoria y con eso construir una memoria consensuada sobre lo que les pasó, por qué, por quién”, porque “sin memoria no hay futuro, no hay identidad ni rumbo”, explica.

“En los pueblos de violencia nadie saluda al policía porque hay alguien que lo está viendo y nadie saluda al otro porque el policía lo está viendo”

Marulanda agrega que “esta línea termina en el perdón, que ya es personal y muy complejo; algo muy íntimo para lo que hay que construir escenarios de ayuda con las iglesias de todas las religiones”.

El segundo aspecto del plan es “Restauración del tejido social, reparación y construcción de un imaginario de vida en paz”, con el objeto de reconstruir el diálogo y la confianza en la comunidad.

“En los pueblos de violencia nadie saluda al policía porque hay alguien que lo está viendo y nadie saluda al otro porque el policía lo está viendo”, y remarca que “el común denominador es el miedo, la desconfianza, el terror”.

El tercer tema es “Formación de la cultura democrática”, porque hay que “cambiar los parámetros de conducta política” para ”salir de esta tara y este anacronismo de que la política se hace matando al contendor o robándole las elecciones”.

Ello implica trabajar sobre la política y sobre la sociedad con campañas de difusión, debates, talleres, trabajo en colegios y universidades. “Esto cuesta muchísimo dinero, que no tienen ni las alcaldías ni las gobernaciones; cuando firmen la paz en La Habana, el dinero que se dejará de invertir en armas se tendrá que invertir en esto”, previene.

La cuarta línea es “Reconversión de las economías criminales en las zonas de violencia en economías legales y viables”. La incidencia de actividades ilegales -coca, minería, contrabando, trata de personas, secuestro, extorsión- en la economía de Colombia es incalculable, asegura Marulanda.

“En Medellín, los peajes que los buses y los taxis pagan a las bandas criminales superan a los ingresos anuales del Metro; en Antioquia, la minería ilegal de oro representa al año 1,3 billón de pesos (casi 672 millones de dólares) y todo ese oro paga una tarifa de extorsión de siete por ciento; el negocio de la coca nadie sabe cuánto vale; son economías formidables, con actores muy armados”.

El desafío es generar escenarios viables de economías formales, que den empleo razonable y digno a las personas para sacarlas de la criminalidad.

“En Ituango, un municipio al norte de Antioquia, que es zona de guerra, llegar desde la vereda (barrio) San Jorge a la cabecera de su municipio toma tres días porque no hay carreteras; ahí se produce coca porque los interesados la van a buscar como sea, pero si alguien produce yuca o plátano o maíz no tiene cómo sacarlo y se arruina”, relata, y sostiene que “hay que conectar los territorios con la economía, con la modernidad”.

El quinto punto se refiere a “Conservación de las especies de selva virgen para evitar que sean depredadas por otras organizaciones criminales”, pues las actuales, como los 67.000 kilómetros cuadrados que hay en Antioquia, “se han conservado paradójicamente porque está la guerra”.

El sexto aspecto del plan es “Desminado”. Marulanda señala que hay minas antipersonales en 98 de los 127 municipios antioqueños “pero nadie sabe dónde están porque los que las pusieron están muertos o se fueron”. Antioquia tiene registradas 2.700 víctimas de minas antipersonales en los últimos 20 años y sólo el municipio San Carlos tiene certificación de desminado.

Por último, el séptimo tema es “Reintegración de los guerrilleros”, para el cual los autores de Preparémonos Para la Paz están estudiando casos y metodologías del mundo y, especialmente, los programas de la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR).

“De esos siete puntos, a seguir y cumplir uno a uno, ineludiblemente, depende que la paz en Colombia sea duradera”, afirma Marulanda.

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