martes, 13 de agosto de 2013

En medio de las tensiones con España, un buque de guerra británico partió hacia Gibraltar

La tensión entre el Reino Unido y España por la situación en Gibraltar aumentó con el envío de un buque de guerra británico y nuevas demoras en el paso fronterizo, que para el gobierno del peñón “son una distracción” de las acusaciones de corrupción contra el jefe de Gobierno, Mariano Rajoy.


buque


La nave militar HMS Westminster salió hoy a las 10, hora británica, del puerto de Portsmouth, suroeste de Inglaterra, y se espera que llegue al peñón “en algún momento de la próxima semana”, comentaron a Télam fuentes del Ministerio de Defensa.


Se trata de una fragata tipo 23, que cuenta con sistemas de vigilancia de última generación y misiles “Sea Wolf”, similar al HMS Argyll enviado en marzo de este año a las Islas Malvinas.


El gobierno británico señaló que se trata de “un ejercicio de rutina” llamado Cougar 13, que incluirá también el desembarco en Portugal, Turquía, Malta y Medio Oriente.


“Lleva mucho tiempo planear estos ejercicios y siempre hay barcos que paran en Gibraltar, no tiene nada que ver con la actual situación diplomática”, explicó un vocero del Ministerio de Defensa británico a esta agencia.


“Se trata de navegar por el Mediterráneo y hacer ejercicios con otras fuerzas para mejorar nuestra interoperabilidad y desarrollar nuestra habilidad para trabajar con nuestros colegas”, agregó.


Pero el envío coincide con la escalada de tensión diplomática que comenzó hace dos semanas, cuando Londres acusó a las autoridades españoles de “provocar demoras desproporcionadas” en los controles a los vehículos que entran y salen en el único paso limítrofe.


El primer ministro británico, David Cameron, adelantó ayer que su gobierno analiza realizar “acciones legales” en la Unión Europea (UE) para terminar con esa situación.


Sin embargo, hoy no hubo cambios en la frontera y se produjeron demoras de hasta 5 horas para ingresar al territorio en disputa de soberanía, de acuerdo a Policía Real de Gibraltar.


El ministro principal del peñón, Fabián Picardo, vinculó la situación con la investigación judicial por la existencia de sobresueldos y financiación ilegal en el Partido Popular (PP) español.


“El trasfondo del conflicto es que el gobierno español se ha visto envuelto en acusaciones de corrupción que afectan al propio Rajoy”, dijo el funcionario al canal Sky News.


“Hay un intento de golpear el tambor nacionalista y que la gente aparte la mirada de los problemas que España y el propio Rajoy están teniendo”, comentó.


Y en ese sentido, comparó las actuales tensiones con la Guerra de Malvinas que impulsó la dictadura argentina: “Se parece un poco a lo que hizo (Leopoldo) Galtieri en 1982″.


Picardo recibió una carta de solidaridad y apoyo de la Esquerra Republicana de Catalunya, un partido que apoya la independencia de esa comunidad al noreste de la península ibérica.


La misiva explica que los gibraltareños “ejercieron dos veces su derecho a la autodeterminación para decidir que no quieren formar parte del Reino de España” y expresa que ellos también quisieran que “Cataluña pueda autodeterminarse”, según publica la agencia EFE.


Mientras tanto, los funcionarios españoles mantienen el silencio sobre la información publicada en  medios de ese país que indican que Madrid estudia llevar el conflicto a las Naciones Unidas (ONU) o al Tribunal Internacional de La Haya.


España disputa históricamente la soberanía de Gibraltar, administrada por el Reino Unido desde la firma del Tratado de Utrecht en 1713.


Además, el gobierno de Rajoy acusa a Gibraltar de quebrar la ley medioambiental, al lanzar recientemente bloques de hormigón en el mar para construir un arrecife artificial en su costa.


En ese marco, el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, dio a conocer la idea de crear una tasa de 50 euros para entrar y salir del peñón. “Esa recaudación nos vendría muy bien para ayudar a los pescadores damnificados por la destrucción de los caladeros”, explicó.


Los gibraltareños denunciaron ante la Comisión Europea en Bruselas que la maniobra es ilegal y pidieron el envío de observadores a la región.



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