El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aseguró hoy que “no se deben producir penas paralelas” y confía en que la Audiencia de Palma de Mallorca evitará que la hija menor del rey Juan Carlos tenga que hacer el “paseíllo” ante la prensa al entrar a los tribunales, donde podrían congregarse manifestantes antimonárquicos.
Esto ocurrió cada vez que el esposo de la infanta, el Duque de Palma Iñaki Urdangarín, tuvo que declarar ante el juez José Castro por la misma causa, que investiga la apropiación indebida de más de seis millones de euros de fondos públicos por parte de su fundación, el Instituto Nóos.
En dos ocasiones, decenas de personas recibieron a Urdangarín en las puertas de los juzgados de Palma de Mallorca al grito de “chorizo” (ladrón) y otros insultos.
“No estamos todos, falta la infanta”, coreaban los manifestantes la última vez que declaró Urdangarín, en febrero de 2013, en referencia a la hija del rey, que aún no había sido imputada.
Pero Gallardón cree que ésta vez, con la infanta, la Audiencia tomará medidas para evitar “una situación de carácter previo que pueda considerarse perjudicial para la persona que acude a declarar”.
En declaraciones a la emisora Cope, el ministro dijo que es “obvio” que la “actitud de colaboración” que, en su opinión, ha tenido la infanta Cristina no debe ir acompañado de esa “pena paralela”.
Una encuesta reciente publicada por el diario El Mundo, justo antes de la imputación de la infanta, reveló que los españoles rechazan de forma abrumadora a los Duques de Palma (Urdangarín 93% y Cristina 64,8%) y critican a la Casa del Rey por la gestión de la crisis del caso de corrupción Nóos (83,4%).
Además, un 90% de los ciudadanos también consideran que la justicia no es igual para todos.
El escándalo del Instituto Nóos está haciendo gran daño a la Corona. En el último año, el porcentaje que pide la abdicación del rey Juan Carlos trepó a 62%, con un incremento de 17 puntos.
En este contexto, otra dirigente del gobernante Partido Popular (PP, de derecha), la ex presidenta de la región de Madrid Esperanza Aguirre, también defendió un trato especial para la infanta argumentando con ironía que la Ley de Enjuiciamiento Criminal aún “no impone la pena del pasillo”.
“Todos somos iguales ante la ley, pero no ante los medios de comunicación. Y eso es una verdad como un templo”, remarcó Aguirre, a quien le parece “estupendo” que si existe un garaje en la Audiencia la infanta pueda entrar por él.
En cambio, la líder del partido de centroderecha UPyD (Unión, Progreso y Democracia), Rosa Díez, reprochó al ministro de Justicia su actitud ante el escándalo de corrupción que sacude a la monarquía española.
“El gobierno no tiene que proteger a nadie, sino utilizar los instrumentos que tiene para defender el interés general para que las personas imputadas declaren sin ningún tipo de prevención ni cortapisa por parte de la Fiscalía”, dijo en declaraciones en el Congreso de los Diputados.
La diputada incluso fue más lejos y sostuvo que el gobierno tiene que dejar que “las causas fluyan correctamente” y actuar para que “no se modifiquen documentos como hizo la Agencia Tributaria con el interés obvio de perjudicar la investigación”, tal como denunció el juez instructor, José Castro.
Además, Díez subrayó que el gobierno ha mostrado “parcialidad” al ponerse siempre de parte “directamente o indirectamente con las personas que están siendo imputadas o investigadas”.
Ayer, el juez Castro adelantó un mes, al 8 de febrero, la fecha de la citación judicial de la infanta, después de que la defensa comunicara que renunciaba a presentar un recurso contra su imputación y que se ponía a disposición de la justicia “voluntariamente”.
No obstante, el magistrado dejó claro en su resolución que la declaración de la infanta no es de carácter voluntario, sino que fue requerida en su condición de imputada.
La Fiscalía Anticorrupción confirmó hoy que tampoco presentará un recurso porque “carece de sentido” tras la decisión de la infanta de pedir declarar cuanto antes.
No obstante, el ministerio público reitera que “no comparte” el criterio del instructor, que imputa a la infanta delitos de blanqueo de capitales y evasión fiscal por su condición de copropietaria de la sociedad Aizoon, a la que se habrían desviado más de un millón de euros de fondos públicos.
Castro sostiene que Aizoon fue creada para desviar el dinero apropiado ilícitamente por el Instituto Nóos y que la participación de la infanta en la sociedad tenía como objetivo “tener un escudo frente a Hacienda”, para que las actividades no sean investigadas.
El magistrado descubrió posteriormente que la infanta y Urdangarín habían cargado a Aizzon gastos personales para apropiarse de los beneficios de esa sociedad, que a su vez no fueron declarados ante el fisco.
El gobierno quiere proteger a la infanta de un eventual repudio social y mediático ante el tribunal Anunciate GRATIS en nuestros clasificados
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