La infanta Cristina volvió a ser imputada por corrupción

Por segunda vez en menos de un año, la hija del rey se enfrenta a la posibilidad de ser juzgada, un hecho inédito para un integrante de la familia real en la historia democrática española.

La infanta Cristina fue acusada de delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal, penados con hasta 6 y 5 años de prisión respectivamente, en su carácter de copropietaria de la sociedad Aizoon, que comparte al 50% por Urdangarin

Más de un millón de euros públicos de los seis apropiados indebidamente por el Instituto Nóos fueron desviados a Aizoon.

El juez del caso, José Castro, citó a la infanta a declarar el sábado 8 de marzo a las 10 en los juzgados de Palma de Mallorca, donde se instruye la investigación, según informó en un escrito de 227 páginas.

En los últimos ocho meses el magistrado estuvo centrado en investigar la actividad tributaria y financiera de la hija menor del rey después de que la Audiencia provincial bloqueó su primera imputación.

En abril de 2013, Castro encontró hasta 14 indicios de la presunta complicidad o colaboración necesaria de Cristina Federica de Borbón y Grecia con las actividades delictivas de su marido.

Una encuesta publicada por el diario El Mundo revela que los españoles rechazan a los Duques de Palma y critican a la Casa del Rey por la gestión de la crisis por el caso de corrupción Nóos

El tribunal provincial, instancia de apelación, levantó un mes después la imputación aunque dejó abierta la puerta a que sea investigada por fraude fiscal y blanqueo.

Ante la nueva imputación, uno de los abogados de la Infanta, Miquel Roca i Junyent, anunció que recurrirá la decisión, al tiempo que se mostró “absolutamente convencido” de la inocencia de su cliente.

Según Roca i Junyent, se acusa a la infanta “no porque haya indicios objetivos sino por ser quien es”. Por su parte, la Casa del Rey se limitó a expresar “respeto” por las decisiones judiciales, según declaró un vocero de la institución monárquica.

De la misma manera se manifestaron el Ejecutivo español de Mariano Rajoy y el opositor Partido Socialista (PSOE), mientras el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, calificó de “positiva” la imputación y pidió al gobierno del Partido Popular (PP) que “abandone su posición de obstrucción” en este caso de corrupción.

Desde finales de 2011, la justicia española investiga a Urdangarín y su ex socio Diego Torres por haber desviado unos seis millones de euro en fondos públicos de los gobiernos balear y valenciano, en manos del PP.

Esos fondos fueron adjudicados entre 2004 y 2007 al Instituto Nóos, entidad supuestamente sin fines de lucro, para la organización de cinco eventos (Illes Balears Forum y Valencia Summit), sin que mediara licitación alguna.

Parte del dinero fue a parar a las arcas de Aizoon, sociedad que Urdangarín comparte al 50% con su esposa, la infanta Cristina. A pesar de ello, la Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado se opusieron a la imputación de la hija del monarca.

Pero tras meses de un rastreo minucioso de sus cuentas, tarjetas, gastos, propiedades y declaraciones fiscales, el juez Castro encontró nuevos indicios en su contra.

El magistrado asegura que la infanta y su marido cargaron a Aizoon gastos “estrictamente personales” como “viajes al extranjero, regalos, sesiones de liderazgo, rehabilitación, decoración y suministros de su vivienda, el Palacete de Pedralbes (en Barcelona), además de costes de salarios de sus empleados de servicio doméstico” contratados directamente por la hija del rey.

Castro sostiene que la contabilidad de Aizoon, sociedad que anteriormente ya había calificado de “instrumental”, “dista de ajustarse a la realidad”.

“Los datos positivos eran muy superiores a los contabilizados y muy inferiores a los negativos, si se tiene en cuenta la sobrecarga de gastos personales de los copartícipes que ni de asomo guardaban una mínima conexión con la actividad profesional de Aizoon y que fiscalmente cabría contabilizarlos como ampliación de renta”, afirma.

Según el magistrado, está claro que estos gastos constituyen “rentas procedentes del capital mobiliario” que no fueron declarados, lo que puede constituir delitos contra la Hacienda Pública.

“Parece estar claro que Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia nunca ha declarado fiscalmente dividendo alguno procedente de su participación del 50% en la entidad Aizoon”, dice el escrito al que tuvo acceso Télam, ya que “formalmente Aizoon no repartió dividendos entre sus partícipes”.

Asimismo, defiende la imputación de la infanta al afirmar que “los delitos contra la Hacienda Pública que se le imputan a Urdangarín difícilmente se podrían haber cometido, sin, cuanto menos, el conocimiento y aquiescencia de su esposa por mucho que de cara a terceros indiciariamente mantuviera una actitud propia de quien mira para otro lado”.

También recuerda que la participación de la Infanta en Aizoon tenía como objetivo “tener un escudo frente a Hacienda”, según declaró el notario que intervino en la constitución de la sociedad, Carlos Masiá Martí.

Por otro lado, el juez argumenta que “el aprovechamiento que en beneficio propio y en el de su marido parece ser que ha venido haciendo del dinero obtenido a través de los gastos personales (dinero de Aizoon) la hace merecedora cuando menos a que deba facilitar explicaciones por supuesta delito de blanqueo de capitales”.

Según Castro, Aizoon fue creada “con el deliberado propósito de repartir los beneficios que obtenía ilícitamente el Instituto Nóos”.

En el escándalo de corrupción Nóos están procesados, además de Urdangarín y Torres, la esposa de éste, Ana María Tejeiro, y el secretario general de las Infantas, Carlos García Reventa.

La imputación de Urdangarín y la posterior implicación de la infanta sacudieron a la monarquía española en un momento en el que España sigue atravesando una crisis económica y política, agudizada por el desprestigio de sus dirigentes que, salpicados por casos de corrupción, aplican ajustes antipopulares.

Una encuesta publicada el fin de semana por el diario El Mundo revela que los españoles rechazan de forma abrumadora a los Duques de Palma (Urdangarín 93% y Cristina 64,8%); y critican a la Casa del Rey por la gestión de la crisis por el caso de corrupción Nóos (83,4%).

Además, un 90% de los ciudadanos también considera que la justicia no es igual para todos.

El caso Nóos está haciendo gran daño a la institución monárquica:  en el último año el reinado del Juan Carlos perdió nueve puntos de apoyo (cuenta con el 41,3%), mientras creció en 17 puntos el porcentaje de españoles que piden su abdicación (62%).

El juez Castro defiende que su decisión no hace temblar los cimientos del Estado sino todo lo contrario, ya que son los personajes públicos quienes están llamados a observar un “especial cuidado” para “no situarse en órbitas que pudieran resultar cuanto menos comprometedoras”.

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