El Partido Popular de Extremadura le exigió a Rajoy que paralice la reforma sobre la ley de aborto

El Partido Popular de Extremadura pidió al presidente del gobierno español y su máximo líder, Mariano Rajoy, que paralice la reforma que endurece la ley del aborto en España, en pleno desgaste electoral de los conservadores.

A través de una resolución, que se someterá a votación de la Cámara regional, el presidente extremeño, José Antonio Monago, del PP, materializará así sus críticas a la reforma del Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que suscitó un fuerte rechazo tanto dentro como fuera de España.

Si bien la reforma de la ley había generado resistencias dentro de la propia fuerza conservadora, es la primera vez que un sector del PP, concretamente un grupo regional y su presidente, se oponen oficialmente a la norma y solicitan su “paralización y la apertura de un diálogo con otras fuerzas políticas”.

En su resolución, el PP extremeño pide una regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo “mucho más consensuada, acorde con la sociedad plural y secularizada de hoy”, y que esté “en consonancia con las legislaciones de los países” del entorno.

En este sentido, reclama “no avanzar” en la tramitación del anteproyecto “en tanto no se haya consumado el diálogo referido en el punto anterior” así como “alcanzado acuerdos de consenso con otras fuerzas políticas”.

Con la modificación, el PP apostaba por contentar a un sector minoritario, el ala ultracatólica de su partido, pero la decisión es contraproducente ya que está mermando su caudal electoral

El grupo liderado por Monago, quien gobierna a nivel regional con apoyo de Izquierda Unida (IU), sostiene que el derecho a decidir de las mujeres sobre su maternidad “no se puede enmarcar en un debate político, ético o sociológico que no complete como punto de partida irrenunciable la libre decisión de las mujeres”.

En la misma línea, defiende que se trata de “un derecho fundamental cuyo ejercicio no puede ser objeto de imposición, ni tampoco de anulación por parte de ningún estamento o instancia política social o religiosa”.

Asimismo, señala que la reforma debe recoger una “combinación racional de los plazos con la regulación específica de determinados supuestos”, entre los que citan las malformaciones, embarazos de menores de edad o violaciones”, entre otros.

La ley de Gallardón supone un retroceso histórico en España puesto que pretende eliminar la llamada “ley de plazos” aprobada en 2009 por los socialistas para permitir el aborto sólo en casos de violación o cuando existan riesgos para la salud física o mental de la madre si así lo certifican los médicos.

Según una encuesta publicada el pasado fin de semana por el diario El País, la gran mayoría de españoles, el 78%, cree que la reforma de la ley del aborto no es necesaria.

Asimismo, un porcentaje similar, el 75%, considera que no hay una demanda social que justifique un cambio legislativo en ese sentido; y un 86% sostiene que la mujer debe poder elegir libremente si quiere seguir o no con su embarazo.

Con la modificación, el PP apostaba por contentar a un sector minoritario, el ala ultracatólica de su partido, pero la decisión parece estar siendo contraproducente ya que está mermando su caudal electoral.

De acuerdo con un reciente sondeo, el opositor Partido Socialista (PSOE) superaría al PP en 1,5 puntos (33,5 frente a 32%) si hoy se celebraran elecciones generales, un cambio de tendencia electoral que se atribuye casi exclusivamente al descontento que suscitó la ley del aborto entre sus propios partidarios.

La semana pasada, en la primera reunión del año de la cúpula del PP, Rajoy ya tuvo que afrontar el malestar de varios dirigentes regionales que como Monagos son contrarios a la reforma de la ley del aborto, entre ellos Alberto Núñez Feijóo, de Galicia, y Juan Vicente Herrera, de Castilla León. Incluso la vicepresidenta del Congreso, Celia Villalobos, llegó a pedir a Rajoy libertad de voto frente a la reforma.

Posteriormente, el propio Gallardón dijo que estaba “abierto” al consenso y a hablar con otras fuerzas políticas, pero defendió que no cambiaría los fundamentos de su reforma legislativa.

En tanto, todas las fuerzas políticas del Parlamento europeo excepto el grupo “popular” -incluidos socialdemócratas, liberales y verdes (que representan el 49% por ciento de la Cámara)- pidieron hoy al gobierno español que retire su reforma del aborto, advirtiendo del “efecto contagio” en otros Ejecutivos conservadores de Europa.

El presidente del grupo socialdemócrata en la Cámara, Hannes Swoboda, consideró que se trata de una reforma “peligrosa” que crea una “polémica artificial” destinada a “enmascarar graves desafíos como el desempleo”.

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