La fiscalía acusó al juez de conspirar contra la infanta Cristina de Borbón

El fiscal Pedro Horrach acusó al juez José Castro de estar urdiendo una “teoría conspirativa” para justificar la imputación de la infanta Cristina en el caso de corrupción en el que también está implicado su marido, el duque de Palma Iñaki Urdangarín, y que sacude a la monarquía española.

El procurador asegura, en un escrito publicado hoy, que el magistrado elabora su “tesis inculpatoria” contra la infanta en base a una “absurda y denigrante teoría de una supuesta manipulación tendenciosa” de informes tributarios que exoneran a la hija menor del monarca.

“Se corre el grave riesgo de que la toma de declaración de la infanta verse sobre reproches éticos y no sobre hechos presuntamente delictivos”, argumenta el Fiscal Anticorrupción de Baleares.

Por ese motivo, Horrach solicita “imprescindible” que “con carácter previo” a la declaración de Cristina de Borbón, prevista para el 8 de febrero, se cite a declarar como peritos a dos inspectores de la Agencia Tributaria y un jefe policial que elaboraron los informes en cuestión.

Según el juez, la hija del rey y su marido cargaron a Aizoon gastos personales para apropiarse de los beneficios de la sociedad, que no fueron declarados al fisco

La infanta fue imputada por blanqueo de capitales y delito fiscal en su condición de copropietaria de Aizoon, sociedad que fue utilizada para desviar parte de los fondos públicos apropiados indebidamente por el Instituto Nóos, la fundación de Urdangarín y su ex socio Diego Torres.

Según el juez, la hija del rey y su marido cargaron a Aizoon gastos personales para apropiarse de los beneficios de la sociedad, que no fueron declarados al fisco.

Respecto a los informes de Hacienda, en su escrito de imputación del pasado 7 de enero, Castro sostiene que los inspectores dieron como válidas tres facturas falsas de Aizoon por 69.900 euros para librar a la infanta de un delito fiscal cometido en el ejercicio 2007.

El magistrado discrepa del criterio de los peritos y asegura que Aizoon no puede deducirse gastos que, de acuerdo con las investigaciones, nunca realizó. Esos gastos “superarían los 120.000 euros” y constituirían indicios de un delito fiscal”.

En cambio, el fiscal cree que el magistrado no puede basar su imputación en “insinuaciones relativas al encubrimiento de intereses espurios ajenos al cumplimiento de su labor profesional”, en referencia al trabajo de los peritos, cuya idoneidad defiende.

De hecho, Horrach ve “más rigurosos y coherentes” los trabajados de la Agencia Tributaria, que no observan indicios delictivos, y “radicalmente erróneas” algunas de las interpretaciones del juez instructor.

Entre algunas de las conclusiones erróneas y “irrelevantes penalmente”, el fiscal menciona que “es imposible, dada la cuantía de los gastos personales (de la infanta), que la cuota defraudada alcance el umbral de los 120.000 euros” anuales, de donde nacería el delito.

También señala que el hecho de “imputar gastos personales (de la infanta) ajenos a la actividad de Aizoon como costes de explotación no se contempla en el Código Penal como figura delictiva, por lo que la conclusión, a efectos penales, es inocua e irrelevante”.

En su escrito, además de acusarlo de conspiración, el fiscal atribuye al juez un “déficit interpretativo de la normativa tributaria”.

Asimismo, el fiscal anticorrupción de Baleares señala que el propio juez pone en manifiesto “dudas” sobre la apariencia delictiva de las conductas delictivas atribuidas a la infanta, y “las dudas no sirven como base de una imputación”.

Ayer, la Fiscalía Anticorrupción anunció que no recurriría la imputación de la hija del monarca a pesar de considerar que sigue sin haber indicios delictivos suficientes para inculpar a la hija del monarca.

En abril de 2013, el Ministerio Público y la Abogacía del Estado ya se opusieron a la imputación de la infanta Cristina por parte del juez Castro en el caso de corrupción Nóos, y el tribunal de apelación posteriormente levantó los cargos.

Tras su segunda imputación en menos de un año, la infanta decidió no impugnar la medida y acudir a declarar a solicitud del juez, aunque su defensa sostiene que lo hace de forma “voluntaria” y convencida de su inocencia.

Pero el juez cree que Aizoon fue creada para desviar el dinero apropiado ilícitamente por el Instituto Nóos, y que la participación de la infanta en la sociedad tenía como objetivo “tener un escudo frente a Hacienda”, para que las actividades no sean investigadas.

La Asociación Jueces para la Democracia (JpD) consideró hoy “desproporcionado” que el fiscal pida las pruebas que solicita en la actual instancia de instrucción y cuestione la labor del juez Castro. En todo caso, debería haber recurrido la imputación, señaló JpD.

En tanto, el diputado de la Izquierda Plural Gaspar Llamazares acusó al fiscal de estar “plegándose a la presión política del Ministerio de Justicia y de la Corona”.

El escándalo de corrupción Nóos está haciendo gran daño en la imagen de la Corona española. En el último año se elevó al 62%, con un incremento de 17 puntos, la cantidad de españoles que piden la abdicación del rey, según un reciente sondeo publicado en España.

Por su parte, el gobierno español de Mariano Rajoy, también salpicado por casos de corrupción, no duda en defender públicamente la inocencia de la infanta, e incluso pretende “blindarla” del repudio social cuando acuda a declarar a tribunales, un hecho inédito en la historia democrática de España.

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